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En una decisión que tensa al máximo la relación con el arco político provincial, el gobernador Gustavo Melella vetó este viernes dos de las leyes más sensibles aprobadas recientemente por la Legislatura fueguina: la derogación de la reforma constitucional y el sistema de transferencias automáticas y diarias de fondos a los municipios.
A través de los decretos 865 y 866, publicados en el Boletín Oficial, el mandatario provincial bloqueó las iniciativas impulsadas por la oposición y defendió lo que consideró “facultades exclusivas” del Poder Ejecutivo. De este modo, la definición del conflicto vuelve a quedar en manos de los parlamentarios, quienes cuentan con la posibilidad de insistir con los textos originales para convertirlos en ley.
El freno a la marcha atrás de la reforma
El Decreto 865 sepulta, al menos temporalmente, la norma aprobada por una amplia mayoría de 11 sobre 15 legisladores que pretendía dejar sin efecto la Ley 1529 de necesidad de reforma constitucional.
Para justificar el rechazo, el Ejecutivo argumentó:
- Proceso en curso: El Gobierno sostuvo que el mecanismo constituyente ya comenzó y que dar marcha atrás afectaría la seguridad jurídica y los derechos políticos de los ciudadanos de cara a la elección de convencionales.
- Cuestionamiento político: El decreto afirma que derogar la ley implicaría someter el proceso a “mayorías legislativas circunstanciales”. Esta frase encendió las alarmas políticas, dado que la derogación unió a un frente transversal compuesto por el PJ, La Libertad Avanza, Somos Fueguinos, Provincia Grande, el Partido Verde y el MPF.
Municipios sin transferencias automáticas
En paralelo, el Decreto 866 bloqueó el proyecto que buscaba implementar un mecanismo de “goteo diario” y automático de los fondos coparticipables hacia las intendencias. La norma vetada nació como respuesta de los bloques opositores ante los constantes reclamos municipales por retrasos y discrecionalidad en el envío de recursos.
El argumento oficial: El Ejecutivo alegó que un sistema automático “anula la flexibilidad indispensable en la programación financiera” de la provincia en un contexto de fuerte caída de recursos nacionales.
Sin embargo, el decreto oficial omite explicar el impacto de esta decisión en las administraciones locales, las cuales deben afrontar el pago de salarios y la prestación de servicios esenciales sin la previsibilidad de los fondos en tiempo y forma. En la práctica, el Gobierno provincial optó por blindar su propia caja en detrimento de la autonomía financiera municipales.
El nuevo escenario legislativo
Con los vetos sobre la mesa, la pelota regresa al terreno legislativo. Al haber sido sancionadas originalmente con una mayoría calificada (11 votos), la Legislatura cuenta con los números necesarios para rechazar los vetos del gobernador e insistir con las leyes. Los próximos días serán clave para medir si la alianza opositora mantiene la cohesión frente a la fuerte postura adoptada por el Ejecutivo.
