Se hacían pasar por familiares de adultos mayores y mediante llamados telefónicos, propiciaban la inestabilidad económica del país, para manifestar que debían entregar todo el dinero en moneda extranjera y nacional que tuvieran, porque perdería valor y que debían hacerlo pronto y entregarlo a un cadete del Banco que se presentaría en su domicilio, desapoderándolos de sus bienes.

El pasado 6 de octubre, el juez de Instrucción Nº1 del Distrito Judicial Sur, Dr. Javier De Gamas Soler procesó con prisión preventiva a dos hombres de 33 y 35 años, oriundos de Capital Federal por considerarlos «prima facie» como coautores materialmente responsables por la comisión del delito de asociación ilícita, en calidad de organizadores en concurso ideal con el delito de defraudación -10 hechos que concurren materialmente entre sí-, y trabó un embargo para ambos por la suma de dinero o bienes de su propiedad hasta cubrir la suma de 12 millones de pesos, cada uno.

A su vez, decretó el procesamiento parcial de una tercer persona, de profesión abogado (38), oriundo del Partido de San Isidro, Provincia de Buenos Aires, por considerarlo «prima facie» como coautor materialmente responsable por la comisión del delito de asociación ilícita, en calidad de integrante, en concurso ideal con el delito de defraudación -dos hechos que concurren materialmente entre sí-, y le trabó un embargo en dinero o bienes de su propiedad hasta cubrir la suma de 5 millones de pesos.

A este último se le concedió la inmediata libertad bajo caución juratoria, por lo que se le impusieron las siguientes reglas de conducta: prohibición de ausentarse del país, sin previa autorización del Tribunal; informar cualquier cambio de domicilio dentro de las veinticuatro horas de producido el mismo; presentarse toda vez que sea requerida su presencia en la fecha y hora que en cada caso se indique; mantener comunicación telefónica -mediante videollamada- con este Tribunal, una vez por semana los días miércoles, entre las 8 y las 14, bajo apercibimiento de ordenar su inmediata detención.

A través de la resolución del magistrado se conoció que las víctimas eran desapoderadas de grandes sumas de dinero en pesos y dólares, a través de una maniobra de engaño, que se desplegaba mediante comunicaciones telefónicas, que se habrían producido entre junio y julio de 2022.

“Los procesados se hacían pasar por familiares de las víctimas (nietos), y propiciaban la inestabilidad económica del país, para manifestar que debían entregar todo el dinero en moneda extranjera y nacional que tuvieran, porque perdería valor y que debían hacerlo pronto y entregarlo a un cadete del Banco que se presentaría en su domicilio, desapoderándolos de sus bienes”, describió.

Respecto del funcionamiento coordinado que tenía el grupo, De Gamas Soler precisó que es evidente la coordinación de al menos tres personas para desplegar las distintas maniobras que se analizaron. “En esta oportunidad, eligieron un segmento determinado de la población, los más ancianos, para abordarlos con un engaño para hacerse de su dinero y bienes de valor. El trabajo de campo efectuado, abarcó la averiguación de datos personales, como nombres de familiares, y la obtención de un abonado telefónico fijo en todos los casos”, explicó.

En consecuencia, advirtió la “cohesión “y el “sentido de pertenencia a la célula criminal mediante un pacto de voluntades”, es decir, un acuerdo de pertenencia a la asociación que “se trasluce de las acciones que cada uno de ellos desplegó para completar su finalidad criminal”.

En otro orden, el juez de Gamas Soler destacó la “extraordinaria labor realizada por la División Antifraude de la Policía Federal”, -a cargo del comisario Hernán Bellini-, así como su “dedicación, celeridad y profesionalismo que, resultó un elemento esencial para el esclarecimiento de los hechos”.

 “Lograron llevar en forma simultánea y ordenada el despliegue de un operativo policial que requirió de un gran número de tareas para su éxito, tales como la detección de personas de interés y su correcta filiación, el análisis de las escuchas telefónicas ordenadas por el Juzgado, la obtención y análisis de un sin número de registros fílmicos, la ejecución perfecta de diversos allanamientos, secuestros de elementos y órdenes de detención”, valoró el juez.