En un acto inédito en el Congreso, el presidente dijo que desde el Gobierno nacional ya se hizo todo el recorte de gasto posible y remarcó: “Nosotros ya hemos cumplido nuestra parte del acuerdo. Ahora faltan ustedes”, en referencia a los mandatarios provinciales. “Hoy venimos a ponerle un cepo al Estado”, afirmó.
Parte del discurso.
LAS PRIORIDADES DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS
La nueva política fiscal a principios de diciembre de 2023, la economía argentina se enfrentaba a la crisis más profunda de su historia. La crítica situación combinaba los peores aspectos de las últimas tres grandes crisis que enfrentó el país: un desequilibrio monetario mayor al de la previa del Rodrigazo, un deterioro en el balance del Banco Central de la República
Argentina (BCRA) más profundo que el de la crisis de 1989 e indicadores sociales
peores a los de 2001.
La raíz de este dramático panorama se encontraba en el déficit fiscal. El déficit consolidado del BCRA (originado en el financiamiento de 13 años consecutivos de déficit
financiero) y del Tesoro Nacional se ubicaba por encima del 15% del PIB hacia noviembre de 2023. Vale recordar que, agotada la instancia de suba de impuestos y sin
voluntad política de recortar gastos, un déficit fiscal sólo puede ser financiado por dos
vías: endeudamiento y/o emisión monetaria. Con un historial crediticio marcado por
sucesivos defaults, la emisión monetaria se convirtió en la principal fuente de
financiamiento de las necesidades del Tesoro, derivando en un excedente monetario
que se transformó en el principal foco de fragilidad macroeconómica.
En este contexto, el equilibrio fiscal se volvió un compromiso inquebrantable de esta
gestión y se alcanzó en tiempo récord. En los primeros siete meses del año, se obtuvo
un resultado acumulado de $ 1.971.369 millones, siendo la primera vez desde el 2010
que se acumula superávit fiscal al mes de julio, que es más relevante aún si se considera
que el punto de partida era un déficit de 4,6% (excluyendo los ingresos extraordinarios
de la licitación de 5G) del PBI en 2023.
En 2025, se plantea garantizar nuevamente el equilibrio fiscal. Esto se hará a través de
un superávit primario que sea equivalente a los intereses de deuda, estimados en 1,5%
del PBI. Para ello, en base al escenario macroeconómico proyectado para el año
entrante, se determina la proyección de ingresos, estimada en 16,5 puntos del producto
para 2025. A partir de allí, se calculan las partidas de gasto que tienen ajustes
automáticos, como por ejemplo jubilaciones, y se determina el margen fiscal para el
gasto discrecional remanente, que se asigna a distintas partidas presupuestarias en
función de las prioridades de políticas públicas establecidas. En tanto el escenario
macroeconómico se desvíe de la proyección presentada, se ajustará el gasto
discrecional para garantizar el equilibrio financiero o se incrementará el ahorro fiscalEsto implicará que por segundo año consecutivo el Sector Público Nacional no
necesitará financiamiento por la vía de endeudamiento o emisión monetaria ya que no
habrá desbalances de las cuentas públicas, que a lo largo de la historia argentina ha
derivado en recurrentes crisis de deuda o escenarios de hiperinflación.
Durante los primeros siete meses del año, el superávit fiscal acumulado (0,4% del PBI)
reflejó el cambio de visión de esta gestión respecto de la forma de administrar los
recursos públicos. Desde el inicio, hubo un compromiso inquebrantable con alcanzar y
sostener el equilibrio fiscal, basado en atender las funciones propias del Gobierno
Nacional, eliminando los gastos improcedentes y racionalizando la administración. Esto,
a la vez que se priorizó el acompañamiento social a los más vulnerables con foco en la
niñez y adolescencia, la seguridad interior y defensa nacional, y la modernización y
simplificación del Estado.
Respecto de la asistencia social, se avanzó en la eliminación de intermediarios para el
acceso a los beneficios, a la vez que se incrementaron los valores de la Asignación
Universal para la Protección Social (AUH y otras asignaciones) en un 374% entre
noviembre y agosto, de la Prestación Alimentar en un 138% y del Plan 1.000 días en
1.323%. De este modo, las asignaciones otorgadas a través de la AUH y la Prestación
Alimentar en conjunto, pasaron de cubrir un 55% de la Canasta Básica Alimentaria en
noviembre de 2023, a un 98% de dicha Canasta en agosto de 2024.
En lo que respecta a las jubilaciones y pensiones, si bien el gasto total en los primeros
meses del año cayó en términos reales, cuando se encontraba vigente la anterior
fórmula de movilidad, a partir de abril, con la recomposición de 12,5% y el paso a un
esquema de actualización mensual por inflación con un rezago de 2 meses, se ha
logrado un incremento sostenido en el valor real de las prestaciones: en mayo ya
recuperaron el nivel de noviembre de 2023, y en julio se ubicaron un 5% por encima de
aquel nivel. Dada la continuidad del proceso de desinflación, es esperable que las
jubilaciones continúen creciendo en términos reales, recuperando la pérdida generada
por las decisiones de política del gobierno anterior.
Con respecto a los subsidios económicos, se tomaron importantes medidas para reducir los mismos, tanto por el lado de transporte de pasajeros como de energía, logrando una baja durante los primeros meses de 34% real i.a. para los primeros y 40% real i.a. para los últimos. En ambos casos el foco estuvo en mejorar la asignación de los mismos, midiendo el impacto para no castigar a los sectores más vulnerables. Por último, en el caso de seguridad y defensa, durante 2024 se reforzaron los presupuestos de las areas con un incremento del 130% y 154%, respectivamente, para recuperar las capacidades operativas de las fuerzas y cumplir su rol de cuidado y protección de los ciudadanos y fronteras.
Por otra parte, se avanzó fuertemente sobre la reducción de gastos superfluos y la
racionalización de la administración. En este sentido, se ajustaron partidas dirigidas a
gastos que no hacen a las funciones de gobierno, incluyendo las transferencias a las
provincias, los gastos de funcionamiento y la pauta publicitaria, entre otros. Además, se
redujo la estructura ministerial y hacia dentro de cada jurisdicción, se eliminaron
contratos de personal, se redujeron significativamente las transferencias a empresas
públicas y se ordenaron sus cuentas, y se trabajó en consolidar el universo de fondos
fiduciarios reduciendo las transferencias a los mismos, mejorando el cumplimiento de
los objetivos para los cuales fueron creados y dando de baja aquellos que no revisten
relevancia.
En base a estos pilares fundamentales se avanzó de forma más rápida de la prevista
hacia la desaceleración de la inflación y la mejora del balance del banco central y se
seguirán dando pasos para continuar con la corrección de distorsiones en los precios
relativos, la reducción de la inflación y la generación de las condiciones de estabilidad
necesarias para que pueda desarrollarse libremente el sector privado y se recupere el
crecimiento económico.
Lo anteriormente mencionado redundará en un ajuste de aproximadamente 5 puntos
del producto en el año y permitirá que sea sustentable en el tiempo la prudencia fiscal.
Este compromiso hará que se consolide una senda de estabilidad macroeconómica que
permita una mayor productividad y crecimiento para la economía, mejorando la calidad
de vida de los argentinos y revalorizando el trabajo como elemento organizador e
integrador de la sociedad.
Hacia el 2025, se continuará priorizando el acompañamiento social de los sectores más
vulnerables sin los intermediarios que reducían el impacto de las políticas, con especial
énfasis en los niños y adolescentes. A su vez, se continuará con el fortalecimiento de
las áreas de defensa nacional y seguridad interior, para el resguardo de la soberanía
territorial y para garantizarle a los argentinos la seguridad y el orden público, para que
puedan desarrollarse plenamente y en libertad. Finalmente, se profundizará la modernización y simplificación del Estado con el objetivo de lograr un servicio público
que haga un uso eficaz y eficiente de los recursos aportados por los ciudadanos por
medio de los impuestos.
Equilibrio
Durante los primeros meses de gobierno se han adoptado medidas que permitieron
avanzar de forma rápida hacia el equilibrio fiscal. Los ejes de esta gestión están
centrados en priorizar las funciones propias de la Nación, eliminar los gastos
improcedentes y racionalizar la administración pública.
En cuanto al equilibrio fiscal, durante los primeros siete meses del año, se acumuló un
superávit fiscal de $1.971.369 millones, lo que constituye un hito significativo ya que
esta situación no se observaba desde el año 2010. Así, el Sector Público Nacional
acumuló en dicho período un superávit primario del 1,4% del PBI y un superávit
financiero del 0,4% del PBI, luego del pago de intereses de la deuda. El superávit
primario alcanzado a junio sobrecumplió en +0,4 p.p. la meta acordada en la última
revisión del Acuerdo de Facilidades Extendidas con el FMI para el segundo trimestre,
manteniéndose en un firme sendero necesario para cumplir la meta correspondiente al
tercer trimestre, estimada en torno al 1,4% del PBI. Es importante destacar que este
superávit primario se logró por primera vez en cinco años y en un periodo que incluye al
mes de julio que es estacionalmente alto en gastos.
Durante 2025, se plantea continuar en esta senda de equilibrio fiscal para corregir
definitivamente los desajustes y sostener las condiciones de estabilidad macroeconómica que permitan, junto con las reformas aprobadas por el congreso en la
Ley Bases y el DNU 70/2023, el despegue definitivo de las potencialidades productivas
del país, generando un ambiente favorable para el incremento de la inversión privada,
una mejora de la productividad, y el crecimiento de la actividad, del empleo y los
ingresos.
Acompañamiento social sin intermediaciones
El impuesto inflacionario, producto de los desajustes monetarios y fiscales heredados,
afecta profundamente a los sectores más vulnerables. La gestión anterior dejó el
gobierno con altos niveles de pobreza e indigencia, que recae con una mayor crudeza
en los niños. En este contexto, se han realizado esfuerzos significativos para ampliar la
asistencia social a madres y niños en los sectores más vulnerables y proteger el poder
adquisitivo de las jubilaciones y pensiones, priorizando el acompañamiento social
(eliminando intermediaciones irregulares que impedían que las prestaciones llegaran en
forma transparente y directa al beneficiario) mientras se evidencian los efectos positivos
de la estabilización.