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Harrington señaló que, propiamente, la comunidad indígena no ha solicitado permisos municipales para realizar extracciones de áridos. Según explicó, existen acuerdos entre integrantes de la comunidad y empresas privadas dedicadas a esta actividad, que alquilan determinados sectores de tierra y posteriormente presentan ante el Municipio las solicitudes correspondientes para llevar adelante la extracción.
En este sentido, el Intendente remarcó que quienes deben gestionar las autorizaciones municipales son los particulares o empresas que realizan la actividad, y que estas deben cumplir con los requisitos establecidos por la normativa vigente.
“Obviamente con un impacto ambiental y con todos los requisitos establecidos por la ordenanza”, explicó Harrington.
Asimismo, aclaró que el Municipio no tiene injerencia sobre los acuerdos internos entre integrantes de la comunidad y los privados respecto de la utilización o alquiler de los terrenos.
No obstante, ante las manifestaciones realizadas recientemente por integrantes de la comunidad, Harrington indicó que decidió realizar consultas ante la Secretaría de Asuntos de Pueblos Originarios de la Provincia para conocer con mayor precisión la situación documental de la comunidad y determinar si corresponde requerir algún tipo de documentación adicional.
“Lo que sucede dentro del territorio se basa en un acuerdo entre integrantes de la comunidad y las empresas”, sostuvo el Intendente.
De esta manera, Harrington buscó diferenciar las competencias municipales respecto de los acuerdos que puedan existir entre la comunidad indígena y empresas privadas, señalando que la intervención del Municipio se limita al cumplimiento de las ordenanzas y requisitos correspondientes a la actividad extractiva.
